Aunque hay quien pueda pensar que se tarta de una leyenda urbana, los velocímetros de los vehículos marcan más velocidad de la real a la que circulamos. Hay una razón fundamental por la que esto ocurre, y es que tienen expresamente prohibido marcar de menos debido a una normativa europea.

La razón de que este “engaño” exista es para reducir el riesgo de que los conductores vayan más rápidode la velocidad real permitida en carretera de forma involuntaria, pero también los fabricantes evitan ser demandados por accidentes (e incluso por multas) cuya causa principal fuera un error en la velocidad que nos indica el coche.

Sin embargo tampoco se podía dejar que los velocímetros indicaran una velocidad muy inferior a la real, porque entonces ningún conductor los tomaría como referencia. Por ello se estableció la normativa europea UN ECE Regulation 39, que marca hasta qué punto los velocímetros nos pueden “engañar”.

De esta manera, lo que establece esta normativa es que el desajuste puede ser, como máximo, igual a la velocidad real multiplicada por 0,1 (es decir, añadirle un 10%) más otros 4 km/h. Es decir, que sería legal que un coche circulara a 120 km/h reales indicándonos 136 km/h en el velocímetro. En cualquier caso los fabricantes no tienen por qué ceñirse a este margen máximo, y en muchos casos la velocidad indicada será más próxima a la real.

Hasta ahora cuando una imprudencia al volante era calificada como leve, se archivaba la causa penal y el denunciante tenía que acudir a la vía civil para reclamar la indemnización. Con la reforma, se establece que la imprudencia ha de ser calificada como mínimo como menos grave, pero nunca como leve, de modo que se considere objetivamente delito. Además, será delito público por lo que el juez puede de oficio entrar a investigar los hechos sin necesidad de denuncia de la persona agraviada.

Además, la pena de privación del derecho a conducir pasa a ser preceptiva en los delitos de imprudencia menos grave, como en todos los delitos contra la seguridad vial.

Y se modifica la Ley de Tráfico estableciendo la obligatoriedad de que la policía ponga en conocimiento del juez, junto con el atestado, los hechos derivados de infracciones de tráfico con resultado de lesión o muerte.