La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM) consideró hoy que reducir la contaminación y proteger el medio ambiente pasa, principalmente, por atajar la antigüedad del parque, que se mueve en los 12 años de media, y no por añadir más presión fiscal al automóvil que ya contribuye a las arcas públicas con más de 26.000 millones de euros anuales.

De esta forma, la patronal de la distribución salió al paso de las informaciones que apuntan a una posible subida de impuestos al diésel en el marco de la reforma de los tributos medioambientales dentro de la negociación de la financiación autonómica con las comunidades.

Concretamente, desde Ganvam creen que esta reforma fiscal debe ir encaminada a desincentivar a los vehículos más antiguos que son realmente los que más perjudican el medio ambiente en lugar de ser hostil con la renovación del parque. Y es que al ir en contra del diesel se está lanzando un mensaje equivocado al ciudadano y demonizando una motorización que, como en el caso de los nuevos diesel Euro 6, cumple los objetivos medioambientales.

Con medidas de este tipo, se condiciona la demanda -que a cierre de 2017 se distribuía en un 48% de matriculaciones diesel y un 46% gasolina- y se tira por tierra todo el esfuerzo en tecnología realizado por el sector para poder reducir al mínimo el potencial contaminante de esta motorización.

Por eso, lo deseable sería traspasar la presión fiscal de la compra al uso, eliminando, por un lado, el Impuesto de Matriculación, máxime con la entrada en vigor de los nuevos test de emisiones de Bruselas, y, por otro, reorientando el Impuesto de Circulación para que se base en la emisiones en lugar de en la cilindrada y la potencia.

En esta misma línea, apostó por incentivar el achatarramiento de los coches más antiguos, a través de programas de estímulo que favorezcan el cambio hacia vehículos más modernos y eficientes, pero siendo tecnológicamente neutros para no crear un efecto psicológico negativo en el comprador. El Plan PIVE, en sus ocho ediciones, permitió retirar de la circulación más de 1,1 millones de vehículos de más de diez años, que emiten hasta un 98% más de partículas y un 10% más de CO2. Por último, en el marco de una movilidad sostenible, también consideró coherente un impulso decidido al vehículo eléctrico, que apenas representa el 1% del mercado.