El coste de la recarga pública para vehículos eléctricos en España está entre los más elevados de Europa, lo que sumado a la falta de control y seguimiento de la eficiencia de los puntos de carga que reciben subvención pública provocan la infrautilización de la red, según OBS.

Además, la falta de interoperabilidad, algo que no sucede en otros países europeos pues es un requisito obligatorio, está afectando también a que la recarga sea más cara, según apunta el III Informe sobre Movilidad Eléctrica en España elaborado por la escuela de negocios.

Al cierre del primer semestre de 2023 había 25.106 puntos de carga públicos (un incremento interanual del 16,4%) y al terminar este año se deberían haber multiplicado por cuatro para llegar al objetivo de los 100.000 puntos. Sin embargo, su utilización sigue siendo muy baja, 5,7% de media, con respecto al número de matriculaciones.

OBS ha destacado la próxima puesta en funcionamiento del mapa interactivo de puntos de carga del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aunque en su estudio indica que esta iniciativa debería extenderse a toda la red pública, pues actualmente en torno al 80% de la infraestructura española se quedaría fuera de la obligación.