El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de la actual normativa de consumo mediante Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022. La aprobación mediante Real Decreto-ley implica que el Gobierno ha tomado la decisión de transponer una serie de directivas europeas de manera unilateral, sin la participación de los sectores implicados.   

Los principales cambios, grosso modo, pueden resumirse en:

• El plazo de garantía pasa a ser de 3 años en venta de vehículos nuevos.

• En el caso de los vehículos de ocasión, podrá seguir pactándose un plazo mínimo de 1 año.

• El periodo en que la carga de prueba corresponde al vendedor sube a 2 años, si bien en los vehículos de segunda mano podrá pactarse un periodo mínimo de 1 año.

• El plazo de recuperación de bienes depositados para reparar se reduce a 1 año.
• El plazo de disponibilidad de repuestos y atención en servicio técnico sube a 10 años.

Desde Ganvam abogamos por la máxima protección al consumidor, a quien como vendedores nos debemos, si bien consideramos necesario que las extensiones de los plazos de garantía tengan en cuenta determinadas peculiaridades de nuestro mercado:

• La antigüedad media del vehículo de segunda mano vendido en España es de 11 años, lo que significa que ha perdido más del 90% del valor respecto a su homólogo joven.

• El 30% de las ventas se corresponden con modelos de más de 15 años que, por su elevado kilometraje -más de 150.000 kilómetros- y nivel de emisiones contaminantes -86% más de emisiones de NOx y un 99% más de partículas-deberían formar parte de un plan de incentivo al achatarramiento en lugar de fomentar su continuidad en el circuito de venta.

• No tener en cuenta estas características del sector de la venta de vehículos de segunda mano y aplicar una normativa general, perjudica la profesionalización del mercado de VO que Ganvam defiende, ya que empuja a la economía sumergida, lo que claramente genera desprotección en el consumidor.

Por todo ello, de cara al debate sobre la convalidación de este Real Decreto-ley en el Congreso de los Diputados, vamos a defender ante los grupos parlamentarios que la norma se tramite como un proyecto de ley para que el texto se abra a la participación de los agentes económicos interesados y poder presentar nuestras observaciones en defensa del sector. Además, en esa tramitación parlamentaria, trataremos de introducir cambios que consideramos razonables, como la proporcionalidad en la reparación de vehículos de cierta antigüedad y kilometraje.