La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha ganado las elecciones a la Comunidad de Madrid con 65 escaños, doblando su representación con respecto a 2019 y quedándose a cuatro escaños de la mayoría absoluta. La candidatura del PP ha aglutinado el 44% de los votos en unas lecciones históricas, las cuáles han cerrado con un 76% de participación, 12 puntos más que en 2019 (64%), siendo la cifra más alta de la historia en unas elecciones autonómicas en Madrid a pesar de las circunstancias de la pandemia y de celebrarse las elecciones en un día laborable.

Más Madrid ha terminado proclamándose como la segunda fuerza más votada, empatando a 24 escaños con el PSOE, que queda relegado al tercer puesto por detrás de la formación verde. Vox por su parte ha obtenido 13 escaños, que le colocan en cuarta posición y como llave para permitir que el PP gobierno, y Unidades Podemos cierra con diez escaños y la noticia de la renuncia de Pablo Iglesias a su carrera política. Por último, Ciudadanos no ha conseguido el 5% de votos necesarios para obtener representación, a pesar de superar los 100.000 votos.

Tras este panorama ¿qué es lo que viene ahora? Con estos resultados los escaños del PP (65), sin llegar a la mayoría absoluta por cuatro escaños, superan a la suma de los escaños de los partidos de izquierda (58), lo que implica la posibilidad de que el PP gobierne en solitario con la abstención de Vox.

En este contexto, el próximo 8 de junio se celebrará la sesión constitutiva de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, momento a partir del cual se iniciará el procedimiento de propuesta y elección de la presidencia de la Comunidad de Madrid. El candidato necesitará 69 escaños para la investidura en primera votación y mayoría simple (más síes que noes) en segunda votación 48 horas después de la primera.

Hasta entonces, desde el día de hoy y hasta que tome posesión el nuevo Gobierno, el actual se mantendrá en funciones, limitándose su actuación al despacho ordinario de los asuntos públicos y debiendo abstenerse de adoptar cualquier otra medida salvo razones de urgencia.

El Gobierno aprobó la pasada semana la distribución de 683 millones a las comunidades autónomas destinados a la Formación Profesional para el Empleo. En concreto, se destinarán 548,7 millones a acciones formativas para personas en paro, mientras que 115 millones serán para la formación de los trabajadores en activo y 19,5 millones para programas convocados por las propias comunidades autónomas, tanto para trabajadores ocupados como para desempleados.

Se trata de un anuncio relevante para el sector de la movilidad, en un momento en el que las nuevas tecnologías, el uso del dato y la digitalización están teniendo un impacto directo en los nuevos modelos de negocio que están surgiendo al calor de esta evolución tecnológica. En este contexto, la formación de nuevos perfiles es clave para garantizar la adaptación de la fuerza laboral y evitar la destrucción de empleo.

En este sentido, Ganvam adopta un papel muy activo. De hecho, su estrecha colaboración con el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), dependiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), ya ha permitido poner en marcha el curso de FP sobre mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos. Este curso, de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos y con una duración de 650 horas, establece la realización de operaciones de mantenimiento, montaje de elementos y conjuntos, localización de averías, reparación, verificación y ajuste en vehículos con sistemas de propulsión híbridos y eléctricos.

Asimismo, trabaja actualmente con socios estratégicos como DEKRA en la acreditación oficial de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.

Son muchos los conductores que ven el coche eléctrico como algo caro. La mayoría de estos pensamientos giran en torno a su elevado precio, que supone una fuerte barrera de entrada en algunos casos. Sin embargo, ¿son realmente tan caros los modelos de propulsión eléctrica?

La respuesta a esta pregunta sería que en primera instancia lo pueden parecer, pero a largo plazo no es así. De hecho, según un estudio de la OCU, el ahorro de costes de compra y utilización de un coche eléctrico puede llegar hasta los 15.500 euros en un periodo de 11 años. 

Según este estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en colaboración con la Fundación Europea del Clima, que compara el coste conjunto de la compra, los impuestos, del seguro, combustible y del mantenimiento de los vehículos según su mecánica, un turismo eléctrico compacto de gama media que recorre unos 14.600 kilómetros al año tendría un coste total de unos 56.000 euros en 11 años de uso, teniendo en cuenta que se acogió a una ayuda de 4.500 euros del Plan Moves III. Por su parte, un modelo de motor de gasolina de las mismas características habría alcanzado un coste global de unos 65.000 euros en el mismo periodo.

Por otro lado, el estudio también señala que los híbridos enchufables, si se usan un 70% en modo eléctrico, terminan costando lo miso que un híbrido no enchufable y 3.000 euros menos que un vehículo con motor de gasolina, además de que contaminan menos.

La duda ahora es si este este análisis de la OCU será suficiente para cambiar en el imaginario colectivo la idea de que el eléctrico es caro.

El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de la actual normativa de consumo mediante Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022. La aprobación mediante Real Decreto-ley implica que el Gobierno ha tomado la decisión de transponer una serie de directivas europeas de manera unilateral, sin la participación de los sectores implicados.   

Los principales cambios, grosso modo, pueden resumirse en:

• El plazo de garantía pasa a ser de 3 años en venta de vehículos nuevos.

• En el caso de los vehículos de ocasión, podrá seguir pactándose un plazo mínimo de 1 año.

• El periodo en que la carga de prueba corresponde al vendedor sube a 2 años, si bien en los vehículos de segunda mano podrá pactarse un periodo mínimo de 1 año.

• El plazo de recuperación de bienes depositados para reparar se reduce a 1 año.
• El plazo de disponibilidad de repuestos y atención en servicio técnico sube a 10 años.

Desde Ganvam abogamos por la máxima protección al consumidor, a quien como vendedores nos debemos, si bien consideramos necesario que las extensiones de los plazos de garantía tengan en cuenta determinadas peculiaridades de nuestro mercado:

• La antigüedad media del vehículo de segunda mano vendido en España es de 11 años, lo que significa que ha perdido más del 90% del valor respecto a su homólogo joven.

• El 30% de las ventas se corresponden con modelos de más de 15 años que, por su elevado kilometraje -más de 150.000 kilómetros- y nivel de emisiones contaminantes -86% más de emisiones de NOx y un 99% más de partículas-deberían formar parte de un plan de incentivo al achatarramiento en lugar de fomentar su continuidad en el circuito de venta.

• No tener en cuenta estas características del sector de la venta de vehículos de segunda mano y aplicar una normativa general, perjudica la profesionalización del mercado de VO que Ganvam defiende, ya que empuja a la economía sumergida, lo que claramente genera desprotección en el consumidor.

Por todo ello, de cara al debate sobre la convalidación de este Real Decreto-ley en el Congreso de los Diputados, vamos a defender ante los grupos parlamentarios que la norma se tramite como un proyecto de ley para que el texto se abra a la participación de los agentes económicos interesados y poder presentar nuestras observaciones en defensa del sector. Además, en esa tramitación parlamentaria, trataremos de introducir cambios que consideramos razonables, como la proporcionalidad en la reparación de vehículos de cierta antigüedad y kilometraje.