Tras examinar el vehículo, los técnicos informan que presenta avería en el motor y consideran que la intervención más conveniente es su sustitución. Han localizado un motor reacondicionado equivalente que cuenta con todas las garantías de funcionamiento, pero el propietario se opone y exige que le instalen un motor nuevo. Tras decirle que no es posible, se niega a retirar el vehículo del establecimiento.

El vendedor puede negarse a instalar un motor nuevo puesto que la falta de conformidad que presenta el vehículo quedaría correctamente subsanada con la instalación de un motor equivalente al que montaba su vehículo cuando fue adquirido. El cliente compró un vehículo usado, cuyo motor tenía un número de kilómetros y años de antigüedad, por lo que su sustitución ahora por otro nuevo supondría un enriquecimiento indebido para el comprador y un coste desproporcionado que excedería de las obligaciones en garantía del vendedor.

Si el comprador no está de conforme con que se sustituya el motor averiado por el motor reacondicionado que le ofrece el vendedor y rechaza la reparación en estos términos, el vendedor habría cumplido con su obligación en garantía y podría solicitar al cliente que retire el vehículo de las instalaciones. A partir del cuarto día de que el cliente reciba esta comunicación, se devengarían gastos de estancia.

Además, si el cliente persiste en su decisión de no retirar el vehículo, pasado un plazo prudencial se podría iniciar el procedimiento para solicitar a la Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el tratamiento residual del mismo, procediéndose a su entrega a un Centro Autorizado de Tratamiento para su posterior destrucción y descontaminación. Para ello se seguiría el procedimiento establecido en la Instrucción 2022/26.