La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM) ha iniciado una ronda de reuniones con todos los grupos del arco parlamentario con el objetivo de recabar su apoyo para impulsar el nuevo marco legislativo que debe regular la fiscalidad del automóvil.

De esta forma, respondiendo a la necesidad de que el Gobierno escuche al sector antes de legislar para adecuarse a la realidad, la patronal de la distribución -que se ha sentado ya con PP, PSOE, Ciudadanos y ERC y lo hará en los próximos días con Unidos Podemos, PNV y grupo mixto- busca sacar adelante una fiscalidad que incentive la movilidad sostenible y mejore la calidad del aire, pero sin frenar el desarrollo de un pilar estratégico para la economía como es la automoción.

En este sentido, en sus encuentros con los diferentes portavoces de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, Ganvam está planteando un modelo fiscal que evite añadir más presión impositiva al sector, que además de ser uno de los que mayor esfuerzo inversor asume para cumplir con las exigentes normativas medioambientales, ya contribuye a las arcas públicas con más de 26.000 millones de euros anuales.

Así, la propuesta trasladada a los diferentes grupos parlamentarios plantea una reforma fiscal encaminada a desincentivar los vehículos más antiguos y promover la renovación del parque con modelos más eficientes, reorientando los impuestos para traspasar la presión impositiva de la compra al uso.

Concretamente, abogar por eliminar el Impuesto de Matriculación por considerarlo un freno a la renovación del parque, ya que penaliza la compra de vehículos con nuevas tecnologías y por tanto menos contaminantes. Al suprimirlo por completo, se ayudaría a consolidar la demanda interna a largo plazo. Actualmente sólo el 26% de los vehículos pagan este impuesto, por lo que la merma económica para Hacienda no sólo sería reducida sino que se vería compensada por la demanda adicional generada.

Por otro lado, aboga por reorientar el Impuesto de Circulación para que se base en la emisiones y la normativa Euro en lugar de en la cilindrada y la potencia. Así, además de que la normativa Euro está asociada a la antigüedad del coche, permite medir NOx, azufre, partículas e hidrocarburos, que son las emisiones realmente contaminantes, lo que hará posible gravar de forma real a los modelos más perjudiciales.

Con medidas de este tipo se evitará además lanzar mensajes equivocados, demonizando al diesel que, como en el caso de los nuevos Euro 6, no sólo cumple los objetivos medioambientales sino que emite ya menos CO2 que un coche de gasolina.

Un marco de seguridad jurídico para afrontar la transformación digital

Por otro lado, en un momento en el que la era digital está revolucionando no sólo la manera tradicional de usar el coche, sino también de comprarlo y venderlo, la patronal de la distribución aborda con los diferentes grupos parlamentarios la necesidad de favorecer un marco regulatorio flexible y adecuado que permita reconducir las relaciones con los fabricantes para favorecer la toma de decisiones comerciales que faciliten la captación y fidelización de un cliente cada vez más cautivo, más independiente y más online.

En este sentido, aborda también la necesidad de desarrollar la hoja de ruta que facilite al sector de la distribución esta transición digital. De esta forma, considera necesario desarrollar un capítulo específico para la automoción dentro de la estrategia Industria Conectada 4.0 puesta en marcha por la Secretaría General de Industria y de la PYME con el fin de ayudar a transformar no sólo los procesos de producción sino toda la cadena de valor.

Apoyo financiero para acometer las inversiones necesarias en tecnología que requieren los concesionarios y talleres, pero también programas de formación que contribuyan a generar profesionales cualificados para dar respuesta a las demandas del nuevo consumidor son algunas de las medidas planteadas.