En medio del reto de la electrificación del parque español el Gobierno incluyó a finales del pasado año en los Presupuestos Generales del Estado un nuevo impuesto para puntos de recarga de vehículos eléctricos.

De esta manera, todos aquellos titulares de un local o establecimiento en el que se encuentren los puntos de carga deberán pagar 13,56 euros por cada una de las dos tasas, siendo la primera de carácter municipal y la segunda destinada íntegramente al Estado.

Esta medida choca frontalmente con su intención de promover este tipo de movilidad limpia, pues de esta manera el Estado suma al ya ambicioso reto de implementar 100.000 puntos de recarga en cuatro años un nuevo escollo que puede ralentizar esta expansión.

Y es que, impulsar la entrada de vehículos eléctricos en el parque necesita estar acompañado del necesario despliegue de la red de recarga, lo que exige la eliminación de las trabas administrativas que lastran el desarrollo.

¿Acaso es así como queremos impulsar el despliegue de puntos de recarga?