Un asociado de Ganvam envió una consulta sobre un caso particular. Un vehículo se incendió en la campa en que estaba aparcado unos 3 meses después de la adquisición. Se trata de un VO con 6 años de antigüedad y 160.000 km en el momento de la venta. El comprador, autónomo que destina el vehículo a su actividad, ha presentado un informe que acredita que el origen del incendio estuvo en el interior del vehículo y reclama la devolución del dinero por vicios ocultos.

El comprador ha contratado una empresa que ha hecho una investigación sobre el incendio y ha concluido que el incendio se originó dentro del motor del vehículo, por lo que habría base para que el comprador intentara demostrar que el vehículo adolecía de un vicio oculto que posteriormente ha provocado el incendio del vehículo.

En cambio, el informe que ha realizado el vendedor concluye que no puede establecerse cuál es el origen del incendio y que no ha quedado acreditado que no tenga una causa externa al vehículo.

El comprador dispone de un plazo de 6 meses desde la venta para interponer una demanda por vicios ocultos, en la que le corresponderá acreditar que el vehículo adolecía en el momento de la venta de un defecto que estaba oculto y que ha sido el que después ha originado el incendio. Si el juez lo aprecia así, puede condenar al vendedor a indemnizar al comprador con una cantidad equivalente al precio pagado por el coche.

El Gobierno ha aumentado en diez millones, de 445 a 455 millones de euros, los fondos que destinará el año que viene a impulsar la movilidad eléctrica y de pila de combustible de hidrógeno y a aumentar la expansión de la infraestructura de recarga, según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.

Este monto irá a parar al plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, así como para impulsar la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y también a la innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde.

Al mismo tiempo, la iniciativa busca también fomentar proyectos singulares de innovación relacionados con la cadena de valor de la electromovilidad y la renovación del parque automovilístico en general, incluida la explotación de la tecnología del hidrógeno verde.

Esta partida de 455 millones de euros para la movilidad sostenible se incluye en el Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, que tiene un presupuesto total para 2023 de 1.803 millones de euros.

Ganvam asistió a la reunión informativa con la Agencia Tributaria sobre las novedades en el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, las cuáles son aplicables desde el pasado 1 de septiembre.

Aunque la nueva normativa publicada en agosto introduce numerosos cambios, aplicables especialmente a los fabricantes de gas, importadores y almacenistas, no lo hace en el modo en que los talleres de reparación se ven afectados por este impuesto al realizar recargas de gas en los aparatos de aire acondicionado de los vehículos, ya que seguirán soportándolo en la adquisición del gas y tendrán que consignar en la factura al cliente, de modo separado, el tipo y cantidad de gas incorporado y el coste del impuesto, que es de 21,45 €/kg.

Además, el impuesto solo se aplica a los gases con un PCA (Potencial de calentamiento atmosférico) superior a 150 y, desde el 1 de enero de 2017, por la Directiva 2006/40/CE, todos los vehículos nuevos están obligados a montar sistemas de aire acondicionado diseñados para contener gases fluorados de efecto invernadero con un PCA no superior a 150.