El objetivo de esta norma es ayudar a España a cumplir con sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático para alcanzar antes de 2050 la denominada ‘neutralidad climática’. Para ello, la normativa establece una serie de metas intermedias y de medidas concretas, como la reducción de emisiones. Sin embargo, ¿cómo afecta a la movilidad?

• El objetivo principal de la ley es lograr en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Para ello, como tarde en 2040, no se podrán vender turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos no destinados a usos comerciales que emitan CO2.

• Todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible que incluyan zonas de bajas emisiones. Además, los municipios de más de 20.000 habitantes también deberán aprobar zonas de bajas emisiones si su calidad del aire no se considera buena.

• Las gasolineras deberán colocar puntos de recarga de coches eléctricos y se facilitará que estos se instalen en los edificios y aparcamientos. Y es que, la ley establece que, a partir de 2023, todos los edificios que no estén destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán contar con infraestructuras de recarga. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica elaborará un catálogo nacional de acceso público con los puntos de recarga disponibles para los conductores y se destinarán los fondos europeos de recuperación para incentivar la instalación de infraestructura de recarga.

• El Gobierno fijará también objetivos de integración de combustibles alternativos en el transporte, con especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico.

• El Gobierno elaborará una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, que también contemplará objetivos de penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías en distancias superiores a los 300 kilómetros.

Necesidad de una estrategia estructural de renovación del parque

Sin duda, compartimos la necesidad de orientar la demanda a tecnologías más sostenibles, de cero o bajas emisiones, y la discriminación positiva, pero para alcanzar los objetivos marcados resulta imprescindible establecer un plan estructural de achatarramiento. Porque el que contamina es el vehículo antiguo.

Acelerar la consecución de objetivos pasar por atajar la raíz del problema, que es un parque envejecido y altamente contaminante. Por tanto, conscientes de que no se puede pasar de un vehículo de combustión de 13 años -antigüedad media del parque- a uno eléctrico directamente, la transición debe hacerse teniendo en cuenta los Euro 6, incentivando el achatarramiento de vehículos antiguos a cambio de modelos nuevos o seminuevos como paso previo a uno eléctrico y en ese camino, además de ayudar a todas las rentas a que accedan a una solución de movilidad eficiente, damos tiempo también a que la movilidad eléctrica, incluidas las redes de infraestructura de recarga, maduren por completo.

Puede darse la situación en la que un cliente esté interesado en comprar un vehículo consciente de que está averiado, pero cuyo precio por esta circunstancia es considerablemente menor. Sin embargo, al vendedor puede asaltarle una duda: ¿puedo acordar con el cliente venderle el coche sin garantía, ya que este es consciente de que ya lo adquiere con averías?

Si el comprador es un consumidor, es decir, destina el vehículo a un uso doméstico ajeno a toda actividad empresarial, el vendedor tiene obligación de entregar una garantía, aunque el vehículo esté averiado. El mero hecho de indicar en el contrato que está averiado no excluye toda responsabilidad del vendedor. Esto es así porque cuando se vende averiado tenemos que entender que tiene determinados fallos, pero eso no significa que no funcione nada, por lo que aquellos que esté en buen estado y funcionando deberá estar garantizado.

En definitiva, si en el contrato se indica que se entra con determinadas averías en concreto, el cliente no podrá reclamar que se le reparen tales averías, puesto que ya las conocía y se entiende que acepta que el vehículo se le entregue en ese estado. No obstante, el comprador mantendría la garantía para el resto de posibles problemas que puedan surgir después de la entrega y no se hayan especificado en el contrato como preexistentes.

En el modelo de contrato de compraventa y garantía de VO propuesto por Ganvam -declarado libre de cláusulas abusivas por el Instituto Nacional de Consumo y los departamentos de Consumo de todas las Comunidades Autónomas- se incluye un anexo donde se pueden indicar las averías con las que se entrega el vehículo. La avería tiene que estar descrita en detalle para que quede claro en qué consiste, no serviría utilizar expresiones genéricas del tipo “avería de motor”, por ejemplo, ya que con ello no se puede saber qué es lo que le ocurre exactamente, lo que provocaría ciertos problemas si el comprador reclamara la garantía y no se pudiera saber con certeza si esa avería que pide que le reparen estaba contemplada previamente o no por falta de especificidad a la hora de detallar los fallos del vehículo.

Esto se aplicará así siempre que se trate de vehículos comprados por particulares, en que la garantía es obligatoria y no cabe renuncia en ningún caso. Por el contrario, si el comprador es un autónomo o una empresa que destina el vehículo a la actividad empresarial, la garantía no es obligatoria y las partes pueden acordar lo que quieran al respecto en el contrato, como que no haya garantía o limitarla en tiempo, kilometraje o a determinadas piezas.