Apenas finalizado el periodo de consulta pública, los vendedores han querido recoger la invitación del consistorio de participar en el consenso para construir un “Plan B” que represente a todos los madrileños y mejorar así un documento que por su inconsistencia parece más un ideario que un programa de acción riguroso y viable, con objetivos dudosos y medidas de corto alcance.
Los vendedores de vehículos consideran que este plan, que busca reducir el tráfico privado del orden del 25%, no ataca la verdadera raíz del problema que es la antigüedad del parque sino aspectos periféricos, pasando por alto sus propios análisis de calidad del aire que revelan que el problema de contaminación de Madrid no es tanto de concentración de CO2 como de nitrógeno que se ha reducido sustancialmente desde 2006.
El Plan A de la Ciudad de Madrid sustenta la restricción del derecho constitucional de las personas a moverse libremente en bases de datos antiguas cuando existen registros actualizados de fuentes oficiales que ayudarían a analizar con mayor precisión el potencial contaminante del parque circulante real. Es el caso de cifras tan sensibles como el de emisiones que datan del año 2014 o el del parque rodante que corresponden a 2013 cuando ya existe un censo a cierre de 2016. Mucho más atrás se remontan en el caso del clima, al utilizar valores entre los años 1981 y 2010.
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